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¿Quién representa a las Personas con Discapacidad?

Maestro Jesús Toledano Derechos humanos para las personas con discapacidad.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 2006, destaca la importancia de que más de 1000 millones de personas con discapacidad que viven en el mundo, tiene el derecho a auto-representarse, representar o ser representadas en las decisiones sociales, políticas e institucionales, que competan o afecten cualquiera de sus derechos. Este derecho se establece en el artículo 4º, punto 3. (http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf )

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece en sus artículos 51 a 56 la forma en que debe integrarse la representación nacional de las personas con discapacidad, en la denominada “Asamblea Consultiva” (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5191516&fecha=30/05/2011)

Hoy tenemos registradas en México, más de 3000 organizaciones dedicadas a ayudar a personas con discapacidad en diversidad de necesidades y demandas, que aún no es posible atender desde el gobierno de forma integral y global. Así mismo, se estima de acuerdo con datos del INEGI (http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P ) que en México viven más de 7 millones de mexicanos con alguna discapacidad.

Como podemos imaginar, lograr poner de acuerdo a núcleos sociales tan grandes y dispersos en demandas y necesidades, es tarea que requiere una estrategia social y política que efectivamente logre identificar representantes de personas con discapacidad, confiables, comprometidos, transparentes y efectivos en su actuación.

Así mismo, es necesario destacar que “tradicionalmente” la representatividad de los ciudadanos en México, se ha basado en mecanismos de concertación de “unos cuantos” y difícilmente representan todos los intereses.

En el caso de las personas con discapacidad, la Convención protege y busca que el gobierno no intervenga en la selección o elección de sus representantes, salvo para ayudar en el proceso, pero de ninguna forma intervenir para determinar quién o quienes representan, es decir, todos tienen derecho.

Otro aspecto que protege la Convención, es que los representantes de las personas con discapacidad tienen derecho a participar en las “decisiones del gobierno”, lo que significa, involucrarse en acciones, planes, reformas, proyectos, etc., que eleva la participación ciudadana al máximo nivel posible, pero que para los gobiernos representa un parteaguas que rompe con decisiones unilaterales, mesiánicas o ignorantes.

Por último, la Convención busca que se generen procesos de selección o elección de representantes abiertos, democráticos y transparentes, que prácticamente significa realizar una elección nacional para cumplir con el compromiso.

Como podemos apreciar, tan compleja es la integración de la citada Asamblea Consultiva, que a la fecha no ha sido posible integrarla legalmente.

Los retos después de 9 años de que entró en vigor en México la Convención, es resolver a través del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la elección de la Asamblea Consultiva, necesaria para contribuir al desarrollo de políticas públicas y soluciones a millones de personas con discapacidad.